El Registro
de la Propiedad, tal y como hoy lo conocemos, hunde sus raíces en el siglo
XIX, en pleno proceso de construcción del Estado liberal y de consolidación de
los derechos individuales sobre la propiedad. Su creación no fue casual ni
secundaria: respondía a una necesidad urgente de dotar de seguridad jurídica
las transacciones sobre bienes inmuebles en una sociedad que transitaba desde
el antiguo régimen hacia un modelo basado en la libertad civil, la propiedad
privada y el principio de legalidad. Desde entonces, el Registro se ha
mantenido como una institución esencial para garantizar la certeza del dominio
y proteger al ciudadano frente a fraudes, conflictos y ambigüedades. Su función
trasciende lo meramente técnico: es una herramienta de confianza, transparencia
y defensa patrimonial, al servicio de una ciudadanía que necesita saber —con
plena seguridad— qué es suyo, cómo lo ha adquirido y frente a quién está
protegido.
¿Qué es el
Registro de la Propiedad?
El Registro
de la Propiedad es una institución jurídica de naturaleza pública
encargada de inscribir los actos y contratos relativos al dominio y otros
derechos reales sobre bienes inmuebles. Se trata de una herramienta esencial en
el sistema legal español que proporciona seguridad jurídica a
los ciudadanos al acreditar la titularidad de los inmuebles y los derechos que
recaen sobre ellos, como hipotecas, usufructos, embargos, servidumbres, etc.
