Acción de Oro

El fondo australiano IFM Global Infraestructure, a través de la sociedad luxemburguesa Global InfraCo, ha anunciado el lanzamiento de una posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria y parcial sobre el 22,69% del capital de Naturgy – Naturgy Energy Group, S.A (NEGSA) - (anteriormente Gas Natural Fenosa, es una de las grandes compañías del sector energético español), sin el objetivo de excluirla de cotización. Este hecho, ha puesto sobre la mesa el papel intervencionista del Consejo de Ministros a través de la Acción de Oro o Acción Dorada.

La Acción de Oro o Acción Dorada (Golden Share, en inglés), nunca exenta de polémica por vulnerar los principios de libre mercado, es un tipo de acción que confiere a su poseedor (suele ser un Estado o una Organización Gubernamental) el derecho de voto o de veto sobre los demás accionistas de cara a ciertas operaciones corporativas, anulando así los derechos políticos de los demás accionistas. También es usada por los Gobiernos para desincentivar a los inversores no deseados. Este tipo de títulos suelen ser habituales en las compañías públicas que han sufrido o están en proceso de una privatización. De forma asidua, puede ocurrir que este tipo de acciones estén en manos de accionistas privados como garantía o intereses particulares de un tercero. El poseedor de una Acción de Oro se asegura con ella que los cimientos fundamentales de una compañía no serán modificados por el cambio de los dueños de las acciones ordinarias. La Acción Dorada suele mostrar su brillo en los procesos de fusión, adquisición, escisión, disolución, venta de activos o cambios en el consejo de administración de una empresa, cotizada o no.

La Acción de Oro surgió allá por la década de los 80 coincidiendo con el proceso de privatización de las principales compañías europeas públicas, cuya actividad era vital para la economía de un país y así los gobernantes tuvieran control en las decisiones corporativas de las compañías privatizadas. El gobierno británico de Margaret Thatcher, en 1984, fue el primero en usar este tipo de control sobre la privatización de British Telecom. En los años 2000, la Unión Europea las declarará ilegales por ser culpables de desincentivar la libre circulación de capitales y echar abajo los principios del mercado único.

Las acciones ordinarias de una empresa son portadoras tanto de derechos económicos como políticos, sin embargo, el derecho político de una Acción de Oro prevalece siempre sobre el conjunto de los derechos políticos, incluso anulándolos si fuese necesario, de todas las ordinarias, independientemente del porcentaje de acciones ordinarias que tenga su poseedor.