Desde su creación, ha sufrido varios cambios: de ser un
Organismo Autónomo pasó a ser una entidad de crédito como Sociedad Estatal,
alcanzando la titularidad de Banco Público Oficial. A partir de ese momento,
dejo de financiarse del Tesoro Público para obtener financiación en los
Mercados de Capitales. Posteriormente, asume la principal función de potenciar
la economía real.
Principalmente fomenta el crecimiento, el desarrollo y la
mejora de la distribución de la riqueza nacional mediante actividades económicas,
actuando como Banco Público concediendo préstamos y como Agencia Financiera del
Estado gestionando la financiación oficial del Estado, financiando también a
los afectados por desastres ecológicos, catástrofes naturales y otros supuestos
de interés general.
Los préstamos ICO, conocidos por la mayoría de los
españoles, no son muy diferentes de los préstamos comerciales de las entidades financieras,
pero sí difieren en que conllevan la implicación del ICO (quien presta y pone
los condicionantes), entidad de crédito (la que analiza la viabilidad del
préstamo, asume el riesgo de impago y gestiona el principal) y el solicitante
(organismo público, pymes o autónomos que acuden a las líneas de financiación
para mitigar su falta de liquidez). Los préstamos ICO no se conceden a
particulares a no ser que el motivo del préstamo sea la financiación de obras
en la propia vivienda.
Este tipo de préstamos se piden a través de las entidades bancarias
por ser ellas las encargadas de cursar las solicitudes, de asumir el riesgo de
impago y las que decretan las garantías que se le imponen al prestatario. Al
solicitar el préstamo, es necesario especificar el motivo de la solicitud sin
que la cantidad solicitada supere los 12,5 millones de euros, siendo el plazo
de amortización entre 1 y 20 años.
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