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Según revela un estudio del Banco Central europeo (BCE) sobre la vivienda en España, la dificultad para comprar una casa ha ido aumentando con cada generación. El informe evidencia que mientras que en 1988 se necesitaban menos de tres años de salario bruto para comprar una casa, en la actualidad se necesitan más de siete, continuando con una tendencia alcista y sin vistas a que mejore. Hace años, a diferencia de la actualidad, tener unos ingresos bajos no era un excluyente para acceder a una casa. Una explicación muy superficial pasa por cuantificar la divergencia existente entre el avance imparable de los precios inmobiliarios y el estancamiento que se viene produciendo de los salarios (descontando la inflación) en términos reales.
La crisis de 2008 marcó un antes y un después en el mercado
inmobiliario. Desde entonces, los jóvenes han visto un estrangulamiento
infranqueable en el acceso a la propiedad de su vivienda, obligándolos a optar
por el alquiler (en algunas ocasiones compartido) o a retrasar su emancipación.
A su vez, el gasto del alquiler impide cierta acumulación de riqueza
imprescindible para la adquisición. Hace unos cuantos años, no era difícil
obtener una hipoteca, aunque superase su precio de tasación, con la simple
garantía de una nómina fija. Hoy, la situación no es la misma y las condiciones
han cambiado sustancialmente: las entidades bancarias quieren seguir
facilitando el acceso a la vivienda a través de la financiación, pero al querer
evitar situaciones similares a las del pasado, requieren unas garantías que
hacen difícil el acceso para los más jóvenes y para aquellos que sus trabajos y
salarios son más precarios.
Comprar una casa en la actualidad requiere tener ahorrado del orden de un 40% del precio de compra:
- Primero, porque el banco, en el mejor de los casos, únicamente concederá hipoteca por el 80% de su precio.
- Segundo, los gastos asociados a la adquisición de un bien inmobiliario suponen del orden del 10%.
- Tercero, los estándares utilizados por las entidades financieras recomiendan no dedicar más del 35% de los ingresos mensuales a afrontar un préstamo hipotecario y, hoy por hoy, el porcentaje del salario neto de un hogar unipersonal puede superar el 60% de la cuota hipotecaria, por lo que es necesario que la hipoteca se suscriba a nombre de la unidad familiar y a muy largo plazo.
- Cuarto, los ingresos requeridos deben de ser estables y verificables para que se conceda la financiación y, aun así, es posible que la entidad requiera avales para cubrirse las espaldas en el caso de impago por insolvencia.
Durante la expansión inmobiliaria se produjo un aumento
importante de la propiedad en todos los grupos de edad, incluso muchas familias
compraron una segunda vivienda como inversión, pero las actuales condiciones
socioeconómicas de las nuevas generaciones están haciendo que sea inviable la
compra de una vivienda para poder emanciparse.
Después de pagar una hipoteca hay un bien inmobiliario, después de pagar un alquiler no hay nada.
La mayoría de los españoles siempre hemos pensado en los
descendientes con el fin de intentar ayudarles en su primer vuelo hacia la
salida del nido familiar, tanto es así que muchos padres y abuelos que tuvieron
ese pensamiento les están cediendo, de forma gratuita, una de sus viviendas
para que sus hijos o nietos puedan emanciparse con una cierta tranquilidad.
Lo peor de todo es que esto no mejora: vamos enlazando una
crisis tras otra, recibiendo reveses económicos y financieros por todos los
flancos. La peor partida se las está llevando las nuevas generaciones que
acaban de finalizar su etapa de formación para adentrarse en el mundo laboral
(entre los 16 y los 29 años), pero este es implacable con ellos y los está
convirtiendo en el colectivo con el índice de pobreza y exclusión social más
elevado, haciendo que la tasa de emancipación sea la más baja de la historia
moderna. El índice de emancipación tuvo un crecimiento positivo ente los años
2001 y 2008, pero a partir de 2009 esta tendencia se revirtió regresando a
cotas similares a las que se registraron a mediados de la década de los 90.
El entorno económico tan complejo como el actual hace que
los potenciales compradores no encuentren el producto inmobiliario que se
adapte a sus necesidades financieras y personales, lo que les hace desistir del
proyecto de formar una familia totalmente emancipada, posponiendo el momento
para un futuro donde, se supone, los precios del mercado sean acordes con la
economía familiar mejorando la capacidad de compra (relación entre el precio de
la vivienda y el salario).
Los jóvenes, al contrario de lo que ocurría en el pasado, al no comprar vivienda, no dispondrán en el futuro de una riqueza en propiedad. Más aún, no pueden asumir una carga hipotecaria, pero tampoco están acumulando otro tipo de activos financieros para compensar, en cierta medida, la caída de su riqueza en comparación con la de sus antepasados. Insisto: el pago de una hipoteca se considera como un activo, mientras que el pago de un alquiler es considerado como un gasto. Después de pagar una hipoteca hay un bien inmobiliario, después de pagar un alquiler no hay nada.
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