Hacienda somos todos, no nos engañemos

Cada primavera, con la llegada del buen tiempo y el florecer de los campos, también llega otro “renacer” menos bucólico, pero igual de recurrente: la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido como IRPF. Este trámite fiscal, que se ha convertido en una cita ineludible para millones de españoles, comenzó este año el 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Se trata de uno de los periodos más largos en la historia reciente de este proceso, y corresponde al ejercicio económico del año 2024.

Durante este tiempo, los contribuyentes deben regularizar su situación fiscal con la Agencia Tributaria, completando una de las gestiones más temidas —y a la vez más necesarias— del calendario económico nacional. Aunque los ingresos y movimientos relevantes ocurrieron en 2024, es ahora, en 2025, cuando se debe rendir cuentas ante Hacienda y presentar la correspondiente declaración.

Más que un simple formulario

El IRPF es uno de los pilares del sistema tributario español. Se trata de un impuesto de naturaleza directa, personal y progresiva, es decir, que grava de forma más intensa a quienes más ganan. Además, tiene un carácter periódico —se liquida anualmente— y se ajusta según la renta real obtenida por cada individuo durante el año natural anterior.

Pese a lo habitual del proceso, todavía existe un gran desconocimiento sobre cómo funciona el impuesto, qué grava realmente y cómo se puede reducir la carga fiscal de forma legal. No basta con aceptar sin más el borrador que la Agencia Tributaria genera automáticamente. La declaración de la renta es, en realidad, un proceso en el que el ciudadano puede —y debe— revisar y ajustar los datos, corrigiendo errores, añadiendo deducciones y optimizando su tributación sin incurrir en fraude.

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF)

A finales de diciembre de 2022 el sistema tributario de España acogió (no sin ser cuestionado y con una gran repercusión mediática, siendo objeto de recursos de inconstitucionalidad por varias Comunidades Autónomas) una nueva figura impositiva: el Impuesto Temporal de solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF).

El impuesto nació con la finalidad de aumentar la recaudación del Estado y tratar de equilibrar las diferencias existentes en el Impuesto del Patrimonio en las diferentes Comunidades Autónomas, especialmente entre las que lo tienen parcial o totalmente bonificado y las que no han optado por esa bonificación de la tributación. El impuesto a cumplido, con matices, las dos finalidades para las que se creó.

Fue creado por el artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

¿Cómo tributan los Activos Financieros en el IRPF?

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Cuando se invierten los ahorros en cualquier tipo de activo financiero si no se tienen en cuenta los impuestos es posible que la rentabilidad esperada difiera bastante de la real, hasta el punto de que una rentabilidad positiva se puede convertir en negativa si se deja fuera de la ecuación la variable fiscal. La primera noción que se ha de tener en cuanta es que de la misma forma que no todos los productos financieros son iguales, no todos tributan de la misma forma, ni en el mismo momento, existiendo enormes diferencias en el resultado. Y activos financieros que pagan muchos impuestos a lo largo de su vida financiera y otros por los que solo se paga al final, diferencia que no es nada despreciable sobre todo cuando las inversiones son a largo plazo.

La mayoría de los activos financieros tributan en la base del ahorro del IRPF a un tipo marginal que oscila entre el 19% y el 28% (19% hasta 6.000€, 21% entre 6.000€ y 50.000€, 23% entre 50.000€ y 200.000€, 27% entre 200.000€ y 300.000€ y 28% a partir de 300.000€). Hacienda hace distinción entre rendimientos del capital mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales, pudiéndose compensar por separado y después entre sí, dentro de unas normas y límites establecidos, de tal forma que las minusvalías obtenidas se pueden compensar con las plusvalías porque únicamente se tributa por las ganancias reales.

Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. ¿Qué son y en qué se diferencian?

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La principal fuente de financiación de las Administraciones Públicas son los tributos cuya configuración viene dada por los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Sin embargo, estos conceptos, que no son sinónimos, pueden dar lugar a errores a la hora de su aplicación y funcionalidad.

En economía, se entiende por tributo aquella aportación que los ciudadanos tienen que pagar a las Administraciones Públicas para que éstas las utilicen según las necesidades. Para conocer el concepto de tributo es necesario comprender la figura del hecho imponible: circunstancia o presupuesto de hecho que la ley establece para configurar cada tributo, cuya realización origina el pago. Por ejemplo, la posesión de un bien inmueble es el hecho imponible en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Por eso, conocer qué son y en qué se diferencian los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales es importante a la hora de realizar una adecuada planificación fiscal.

Impuesto sobre el Patrimonio

La prosperidad proviene del ahorro, no del gasto. Definir un plan de ahorro lleva consigo una estabilidad financiera al crear una base económica a partir de la cual se sustenta la economía familiar, desde la más modesta hasta los grandes capitales. El primer principio para conseguir una adecuada planificación financiera es saber cuál es el monto exacto del patrimonio con el que se cuenta. Eso se consigue sumando todos los saldos existentes en cuantas bancarias, el valor de todos los inmuebles y de todos los bienes que puedan ser susceptibles de valoración y el importe de las carteras de inversión. Una vez obtenida esa suma, habrá que restarle las deudas y obligaciones contraídas por el titular. El resultado es la valoración exhaustiva de la riqueza personal o lo que, comúnmente, se conoce como patrimonio. Con carácter general se establece la exención de determinados bienes y derechos, como es el caso de la vivienda habitual del contribuyente hasta un importe máximo de 300.000€, el ajuar doméstico, Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico, algunos objetos de arte y antigüedades, derechos de la propiedad intelectual e industrial o participaciones en determinadas entidades.

El Impuesto sobre el Patrimonio (IP), recayendo sobre las personas físicas, es un tributo individual, directo y general que grava el valor neto de la propiedad o la posesión de patrimonio y, además, es complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El IP, aunque es un impuesto regulado y establecido por el Estado, está transferido plenamente a las Comunidades Autónomas. Nació con carácter transitorio y suprimiéndose en algún periodo, actualmente se ha implantado con carácter permanente y con ocho tramos que oscilan entre el 0,2% y el 2,5%, aunque su cuantía variará en función del territorio donde se presente, es más, algunas autonomías superan la horquilla mencionada. También, dependiendo de qué Comunidad Autónoma, existe un mínimo de patrimonio exento.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Una de las principales fuentes de ingresos de los Ayuntamientos es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), conocido anteriormente como “Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial Urbana y el Impuesto Municipal sobre Solares” y que entró en vigor, siendo presidente del Gobierno Felipe González, el 1 de enero de 1990. Es un tributo municipal directo y de pago obligatorio que grava la titularidad de los derechos reales a todos aquellos propietarios o usufructuarios, físicos o jurídicos, que tienen a su nombre cualquier bien inmueble (a efectos del impuesto, el concepto de “bien inmueble” no coincide con el que se utiliza en la legislación hipotecaria ni en el Código Civil) de naturaleza urbana y rústica (pisos, casas, garajes, locales, trasteros, fincas, etc.) localizado en el municipio que lo recauda, independientemente de si aporta beneficios o no al sujeto que ocupe su titularidad. Tiene un carácter real y objetivo al cuantificar la carga tributaria sobre el valor del objeto sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo.

El IBI lo abona el que fuera dueño del inmueble a día 1 de enero del año en curso, aunque posteriormente se haya vendido el inmueble. En el caso de venta y desde el año 2016, se estipula que el vendedor puede repercutir al comprador la parte proporcional del gravamen por los días pendientes hasta final de año, salvo que se pacte otra cosa. En el caso de que el inmueble esté en alquiler, salvo que se especifique lo contrario en el contrato, los impuestos y gastos generales los asume el propietario. En cualquier caso, el Ayuntamiento siempre exigirá el pago del IBI al dueño independientemente de los pactos establecidos entre arrendador y arrendatario.

¿Qué es el IVA y cómo se aplica?

El Estado y las Administraciones públicas se financian a través de los tributos: esas prestaciones dinerarias que los ciudadanos están obligados a pagar por ley. Los impuestos, enmarcados dentro de éstos, son la base de la recaudación pudiéndolos clasificar en directos (los que gravan la riqueza en sí misma, por ejemplo, el IRPF) e indirectos (los que gravan la utilización de la riqueza, por ejemplo, el IVA).

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que data del 1 de enero de 1986 cuando España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), es un impuesto, regulado por la Ley 37/1992, cuyo propósito es gravar el consumo, considerado como una manifestación indirecta del poder adquisitivo del contribuyente, y que sea el consumidor final el que lo abone. Por esta razón se llama “sobre el Valor Añadido”. Es decir, recae sobre las ventas, gravando el consumo de bienes o servicios finales efectuados por empresarios y profesionales.

El consumidor, a diferencia de otros impuestos, no liquida el IVA directamente con el Estado, son las empresas que prestan servicios o venden productos las que lo liquidan, de una manera periódica, con Hacienda. Estos autónomos o empresas son los que lo repercuten sobre el consumidor y se lo deducen ellos cuando compran productos o reciben servicios necesarios para el desarrollo de su actividad, suponiéndoles un carácter neutro para sus cuentas.