El Impuesto
sobre el Patrimonio (IP), recayendo sobre las personas físicas, es un tributo
individual, directo y general que grava el valor neto de la propiedad o la
posesión de patrimonio y, además, es complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El IP, aunque es un impuesto regulado y
establecido por el Estado, está transferido plenamente a las Comunidades
Autónomas. Nació con carácter transitorio y suprimiéndose en algún periodo,
actualmente se ha implantado con carácter permanente y con ocho tramos que
oscilan entre el 0,2% y el 2,5%, aunque su cuantía variará en función del
territorio donde se presente, es más, algunas autonomías superan la horquilla
mencionada. También, dependiendo de qué Comunidad Autónoma, existe un mínimo de
patrimonio exento.
